Otro de los graves problemas es que el personal de seguridad no cuenta con suficiente preparación para su cargo. Foto: Archivo

Cd. de México (21 marzo 2022).- La sobrepoblación, el déficit de custodios y la corrupción son una mezcla para detonar ingobernabilidad en las cárceles del país y esos factores generan el riesgo de registrar actos de violencia, como el que dejó nueve muertos en el penal de Colima en enero pasado, el hallazgo del cadáver de un bebé en la cárcel de Puebla o recientemente un motín en el Cereso de Acapulco.

"El gran problema es que persiste en el sistema penitenciario un gran cáncer que venimos padeciendo. Estamos viendo que el combate a la corrupción en los penales no ha generado resultados", expuso Raúl Sapién, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) revelaron que, hasta noviembre de 2021, había 137 centros penitenciarios -estatales y federales- con sobrepoblación, cifra que representa el 47 por ciento de las 288 cárceles del País.

Aunque existen 217 mil 42 espacios habilitados en las cárceles, hasta ese mes estaban recluidas 223 mil 416 personas, para un sobrecupo de 6 mil 634 lugares, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria Nacional.

"Los casos de Colima y Puebla reflejan la corrupción que sigue persistiendo en el País", reprochó Sapién.

"También faltan políticas de continuidad en la seguridad pública, sólo en Puebla el actual Gobernador (el morenista Miguel Barbosa) ha designado a cuatro titulares de la SSP y eso no permite dar una continuidad a lo que se está haciendo en los penales".

Datos de la SSPC indican que tan sólo en noviembre pasado hubo 139 "incidencias" en el sistema penitenciario nacional, de las cuales 28 fueron agresiones a terceros y 18 riñas entre 63 internos, que dejaron 13 heridos y un muerto, entre otras.

El constitucionalista Raymundo Gil recordó que existe una sentencia de amparo desde 2019 para que la Secretaría de Gobierno de cada estado atienda con capacitación y recursos a los custodios para hacer frente a las irregularidades.

"Pero como no se atiende, por eso se hace un relajo. Entre otras cosas, la sentencia refiere que el personal de los penales debe ser capacitado y cumplir con el Artículo 18 de la Constitución, que dice que se tiene que promover y respetar los derechos humanos de los reclusos", advirtió el jurista.

"El problema es que muchos están hacinados, duermen amarrados de los barrotes o en los pasillos, en condiciones degradantes y de ahí se derivan, entre otras cosas, los motines".

Otra problemática es que el personal penitenciario no ha crecido en los últimos años para atender las necesidades de los centros. En 2017, el personal adscrito a los penales estatales ascendía a 40 mil 512 y para 2020 la cifra bajó a 39 mil 501.

También el presupuesto para penales se ha estancado en los últimos años, ya que para 2020 el total de recursos para los centros federales y estatales fue de 37 mil 982.9 millones de pesos, cuando un año antes fue de 38 mil 512.5 millones de pesos, lo que significó una baja de 1.4 por ciento.

Israel Hernández, Ombudsman de Morelos, dijo que existe una omisión y corrupción que permite la ingobernabilidad en los penales y la violencia dentro de ellos.

"La situación es alarmante y obedece a dos fenómenos principales: uno es la falta de preparación del personal en seguridad y custodia; el otro tema es la sobrepoblación que hay en los centros".