Crisis en Perú: Autoridades recuperan el control del aeropuerto de Arequipa

Lima, 12 dic., (EFE).- Las autoridades peruanas recuperaron este lunes y «gracias a las Fuerzas Armadas» el control del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad del país, que había sido tomado por manifestantes que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, dijo en el Congreso el ministro de Defensa de Perú, Alberto Otárola.

«Quiero anunciar que, gracias a las Fuerzas Armadas, hemos recuperado el aeropuerto de Arequipa en el día de hoy en una acción, no solamente de aplicación de pleno ejercicio del estado de derecho, sino también ejerciendo lo que se denomina la gestión de activos críticos nacionales», dijo Otárola entre las críticas de algunos congresistas.

Del mismo modo, el ministro del Interior, César Cervantes, confirmó este lunes al canal estatal TV Perú que, en coordinación con el Ministerio de Defensa, han trabajado para que los efectivos de las Fuerzas Armadas apoyen y actúen de la mano de la Policía Nacional de Perú (PNP).

Según el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas han trabajado en apoyo a los cuerpos de la Policía Nacional de Perú en el corte de la carretera Panamericana Sur de la provincia Ica, en el corte de carreteras en el departamento de la Libertad y en los enfrentamientos con manifestantes en Arequipa y Andahuaylas.

Del mismo modo, Otárola anunció en la sesión plenaria la muerte de un nuevo manifestante en Arequipa, el tercer muerto confirmado por fuentes oficiales durante estas jornadas de protestas que alteran principalmente el sur del país.

Otárola afirmó que «todo hace indicar» que las protestas surgidas en Andahuaylas tienen un origen «espontáneo» de una protesta ciudadana, pero consideró que también hay «movimientos oscuros» como el narcotráfico o la minería ilegal.

Por ello, el ministró de Defensa dijo que es necesario que las autoridades corten «el cordón umbilical» que une «las acciones políticas con el financiamiento ilegal de estas acciones».

Cortes en carreteras de todo Perú

Al menos 25 puntos de la red de carreteras peruanas, entre ellas las panamericanas Sur y Norte, fueron cortados este lunes por manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso con la quema de ruedas y contenedores, informó la Policía Nacional.

El punto donde se han registrado protestas más numerosas es la localidad de Chala, en la región sureña de Arequipa -una de las cunas de la minería peruana-, donde cerca de 4.000 personas participaron en una protesta que fue de las primeras en comenzar en todo el país.

Las regiones del sur de Perú, regiones donde el expresidente Pedro Castillo tiene más apoyo, suman la mayoría de los cortes de la red de carretas, principalmente en los departamentos de Arequipa, donde los manifestantes también tomaron el aeropuerto internacional, y Cuzco.

En el norte del país, la Policía Nacional de Perú (PNP) solo ha registrado cortes de carreteras en la provincia costera de Trujillo, donde una centena de pobladores de la región de Viru han cortado la Panamericana Norte en los kilómetros 503 y 512 para pedir la liberación de Castillo.

Los cuerpos policiales han contado al menos seis puntos cortados en Arequipa, los mismos que en Cuzco y dos más que en la costera provincia de Ica.

Otras provincias del sur e interior del país como Puno, Abancay, Uyacali y Tacna también han sufrido cortes de carreteras por parte de los manifestantes.

En total, la Policía peruana cuenta que más de 6.000 manifestantes contra el Gobierno de Dina Boluarte son los causantes de los cortes de carreteras que afectan a miles de conductores.

Sube a cuatro la cifra de muertos

Un cuatro manifestantes muertos, el último fallecido confirmado en la provincia de Chincheros, en el departamento de Apurímac, epicentro del conflicto, confirmaron fuentes policiales a EFE.

El fallecido ha sido identificado como Jhonatan Lloclla, el cuarto en las protestas que comenzaron tras la detención del expresidente Pedro Castillo por su intento fallido de golpe de estado y la llegada al cargo de presidenta de Dina Boluarte el pasado miércoles.

En la provincia de Chincheros, los manifestantes incendiaron el local del Ministerio Público y la comisaría, informaron a EFE fuentes de la Policía Nacional de Perú (PNP).

«¡Necesitamos apoyo en Chincheros! Que venga un helicóptero para dispersar a las personas. Solo somos 30 efectivos. Ya se nos está acabando la munición, tenemos policías heridos», pidió un policía de Chincheros en un audio al que tuvo acceso EFE.

Del mismo modo, fuentes policiales aseguraron que la multitud de manifestantes de Chincheros, estimada en aproximadamente 300 personas, ha rebasado a las fuerzas del orden

Las denuncias contra Castillo

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó este lunes ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y tres de sus ministros, por la presunta comisión de delitos como rebelión, conspiración y otros.

El documento, al que tuvo acceso EFE, señala a Castillo como «presunto coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Rebelión» y, «alternativamente, por el delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional- Conspiración».

Además, acusa al exmandatario, actualmente detenido, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, y de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública, en la modalidad de grave perturbación de la tranquilidad pública.

La denuncia detalla que el anuncio de Castillo de disolver el Congreso el pasado miércoles supuso «un acto arbitrario» que contraviene lo establecido en el artículo 118 de la Constitución.

También, que su intención de reorganizar el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, atenta contra la autonomía de las citadas entidades.

«Cabe indicar que, esta conducta tendría como finalidad evitar las investigaciones por corrupción seguidas contra José Pedro Castillo Terrones, así como el procedimiento de vacancia presidencial, lo cual evidenciaría el uso abusivo de sus facultades constitucionales para obtener impunidad», señala el documento.

Además, la fiscal denunció a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, al exministro del Interior Willly Huerta y al exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez como presuntos coautores de los delitos contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración.