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Una corte de apelaciones en Estados Unidos bloqueó de última hora la implementación de la Ley SB4 del Estado de Texas, que permitiría al Gobernador Greg Abbott arrestar, encarcelar y deportar a personas sospechosas de estar presentes en su territorio de forma indocumentada.

Ocho horas después de que la Suprema Corte de Justicia de EU resolvió que la Ley podía entrar en vigor durante el tiempo que dura el litigio en cortes inferiores, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans volvió a colocar el bloqueo tal como buscaba la Administración Biden.

El miércoles 20 de marzo, la corte de apelaciones celebrará una audiencia para analizar la Ley.

La Ley también permite a los jueces de Texas ordenar a los migrantes indocumentados a que regresen a México como alternativa a la detención, creando efectivamente un sistema de deportación de facto.

"Todavía tenemos que tener audiencias en la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito. Pero esto es claramente un avance positivo", dijo el Gobernador Abbott en su cuenta de la red social X,

Aprobada en noviembre pasado por la legislatura estatal texana, la Ley SB4 colocó a Abbott en directa colisión con el Gobierno federal, pues históricamente, las Cortes estadounidenses siempre han considerado que la regulación de la inmigración y las fronteras de EU es potestad única de Washington.

La minoría liberal en la Suprema Corte encabezada por la jueza Sonia Sotomayor había expresado que la aplicación de la Ley SB4 sembrararía caos en el terreno y que pone en peligro a las relaciones de EU con México, desde donde cruzan migrantes indocumentados diariamente a Texas.

"Texas ahora puede hacer cumplir inmediatamente su propia Ley que impone responsabilidad penal a miles de no ciudadanos y exige su expulsión a México.

Esta Ley alterará las delicadas relaciones exteriores, frustrará la protección de las personas que huyen de la persecución", dijo Sotomayor por la mañana.

De acuerdo con las estimaciones más recientes del Migration Policy Institute, la población de inmigrantes indocumentados presente en Texas sumaba alrededor de mil 73 millones de personas en 2019 de los que dos terceras partes -alrededor de 1 millón 100 mil personas- serían nacionales de México.

Organizaciones a favor de los derechos civiles y legisladores demócratas alertaron por potenciales actos de discriminación, principalmente contra la población hispana en Texas, que representa 11 millones de los casi 30 millones de habitantes.

"La Ley SB4... probablemente llevará a violaciones masivas de los derechos civiles en todo nuestro Estado. En un momento de creciente violencia anti-hispana, esta Ley coloca un blanco en la espalda de cualquier persona que las autoridades perciban como migrante", dijo el congresista demócrata Joaquín Castro.

Alguaciles locales de condados texanos como Maverick y Bexar citados por medios texanos, aseguraron que la persecución de migrantes indocumentados no podía ser una prioridad de su departamento y aseguraron que habrá protocolos para detallar las condiciones de arrestos potenciales.

La acción del Gobierno texano para hacerse de potestades de control migratorio está siendo observada detenidamente en un año electoral, por lo que pudiera ocurrir si autoridades locales son investidas con dichos poderes, como busca el aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump.