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Cd. de México (25 febrero 2024)

Sólo el 1.3 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas por el delito de tortura son judicializadas, es decir, se traducen en acusaciones formales, advierte un informe de organizaciones civiles.

Al presentar su reporte Hallazgos 2022, el Observatorio contra la Tortura indicó que, a pesar de que México cuenta desde 2017 con una legislación de avanzada en la materia, su implementación se encuentra rezagada y persisten deficiencias y obstáculos en la persecución y sanción de ese delito.

Ángel Salvador Ferrer, coordinador de Prevención de la Tortura de la organización civil Documenta, detalló que en 2022 fueron abiertas en el País 6 mil 226 carpetas de investigación por ese delito y/o por tratos inhumanos, crueles y degradantes, 11 por ciento más que en 2021, con un total de 6 mil 398 presuntas víctimas.

Y en el mismo año, señaló, sólo 82 carpetas o averiguaciones fueron judicializadas, lo que implica, por otra parte, una creciente acumulación de casos sin resolver en las fiscalías.

Mientras se siguen registrando cifras elevadas de denuncias y de investigaciones que se abren por tortura, alertó, no se están produciendo avances notables en cuanto a la resolución de casos, como lo muestra el bajo número de sentencias: únicamente seis en 2022.

"No existe evidencia de que la creación de fiscalías o unidades especializadas en tortura se traduzca en un mejor desempeño en la documentación e investigación de los casos", apuntó.

Por otra parte, señaló, más del 80 por ciento de las presuntas víctimas no tuvo acceso en 2022 a obtener las certificaciones, conforme al Protocolo de Estambul, previstas por la ley para probar un caso de tortura.

Además, advirtió, se registran con frecuencia discordancias entre los peritajes realizados por las fiscalías y los organismos públicos de derechos humanos (OPDH).

En el caso de las quejas presentadas ante los OPDH, agregó, las autoridades más señaladas como responsables de tortura son las propias fiscalías y las secretarías de Seguridad Pública estatal.

Jesús Peña, representante adjunto en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), consideró que la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes representó un hito en el combate de esas prácticas en México.

Sin embargo, recordó, que en su reciente evaluación bajo el procedimiento del Examen Periódico Universal de la situación de los derechos humanos recibió todavía siete recomendaciones relacionadas con la tortura, en particular sobre la impunidad.

Señaló que diversos organismos internacionales han llamado la atención sobre el incumplimiento de la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, previsto en la Ley General.

"Su ausencia dificulta la articulación de los esfuerzos de todas las instituciones involucradas en la lucha contra la tortura", indicó.