Gabriela Sommerfeld argumentó que se agotó el diálogo diplomático con México. Crédito: Especial

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La Canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, justificó el allanamiento de policías y militares en la Embajada de México en Quito alegando que fue porque había un riesgo de fuga del ex Vicepresidente Jorge Glas.

La funcionaria dijo que se solicitó el ingreso a la misión diplomática mexicana para detener al acusado el 29 de febrero, pero esa petición fue negada y añadió que se "agotó el diálogo diplomático".

"La decisión del Presidente (Daniel Noboa) fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía", aseveró Ecuador, negando perseguir a Glas por motivos políticos, raciales o religiosos.

En rueda de prensa, la funcionaria reiteró que su país es respetuoso del derecho internacional, ante la suma de condenas de Mandatarios y Mandatarias de América Latina y el Caribe, así como la convocatoria de la OEA a una reunión para abordar la crisis.

Según las autoridades ecuatorianas, Glas tenía dos sentencias ejecutoriadas por delitos comunes y una medida cautelar que le obligaba a presentarse periódicamente ante la justicia, por lo que al recibirlo, la Embajada mexicana contribuyó a que incumpliera esta obligación, afectando las instituciones democráticas del país.

Sommerfeld dijo que Ecuador expresó reiteradamente a México, a través de comunicaciones y reuniones oficiales, que no procedía otorgar asilo diplomático a Glas en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954 y el artículo 1 de la Convención de Montevideo de 1933, las cuales establecen que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes.

"La Cancillería remitió oportunamente a la Embajada de México toda la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y Fiscalía General del Estado sobre las sentencias condenatorias dictadas por los delitos de asociación ilícita y de cohecho, así como sobre la orden de captura dispuesta en su contra por delito de peculado", añadió.

Ecuador acusó además a México de violar el principio de no intervención en asuntos internos al cuestionar las elecciones de 2023 y "banalizar" el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, por lo que declaró persona non grata a la Embajadora mexicana, Raquel Serur.

Pese al asilo político otorgado por México, la Cancillería ecuatoriana consideró ilícita la concesión de asilo por contravenir la Convención de Viena, ya que las misiones diplomáticas no deben ser utilizadas de forma incompatible con sus funciones.

Sommerfeld aseveró que "México debió cumplir con las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción del 2002 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996.

Haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas".

"Para Ecuador ningún delincuente puede ser considerado para el asilo", dijo.